La ausencia de Marlon Ochoa en el proceso de juicio político en su contra ya tiene una explicación oficial. Y lejos de disipar dudas, abre nuevas interrogantes.
El director del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero, confirmó que el exconsejero del Consejo Nacional Electoral abandonó el país el pasado 26 de marzo.
No fue un viaje aéreo ni discreto. Según el registro migratorio, Ochoa salió por vía terrestre, cruzando la frontera a través de la aduana de El Amatillo con destino a El Salvador.
Desde entonces, no hay constancia de su retorno.
El dato, aparentemente técnico, adquiere peso político en el contexto actual: Ochoa debía presentarse a un juicio político que finalmente evitó. Su ausencia no solo marcó el desarrollo del proceso, sino que ahora plantea cuestionamientos sobre su paradero y sus intenciones.
Antes de salir del país, el exfuncionario ya había anticipado su decisión de no comparecer. En declaraciones públicas, aseguró que el proceso en su contra estaba previamente definido, señalando directamente al sistema político tradicional.
“Todo estaba arreglado entre el bipartidismo”, afirmó en su momento.
Pero sus declaraciones fueron más allá. Ochoa sostuvo que es víctima de persecución, asegurando que su situación responde a su conocimiento sobre presuntas irregularidades en las elecciones de 2025.
Una afirmación que, lejos de cerrar el caso, añade una capa más de complejidad al escenario.
Hasta ahora, el Poder Judicial de Honduras no ha detallado qué implicaciones legales podría tener la salida del país en medio de un proceso político de esta naturaleza.
Mientras tanto, el silencio institucional contrasta con el creciente interés público. La pregunta ya no es solo por qué no asistió al juicio, sino qué significa su salida en términos legales y políticos.
En un país donde la confianza en las instituciones atraviesa constantes pruebas, cada movimiento —incluso un cruce fronterizo— puede cambiar el rumbo de una historia que aún está lejos de terminar.
