Aquí nadie vino a bostezar. Cuando una funcionaria suelta que cinco mil “docentes” duplicaron su salario, que el 911 estaba infiltrado por el crimen y que en Casa Presidencial lo único intacto era un salón de belleza, el país no debería cambiar de emisora… debería subir el volumen.
La designada presidencial María Antonieta Mejía lanzó una batería de denuncias que, de confirmarse, pintarían un cierre de gobierno más cercano al caos administrativo que a una transición ordenada. La señalada administración saliente de Xiomara Castro —bajo la bandera de Libertad y Refundación— dejó, según la funcionaria, finanzas “lastimadas”, oficinas sin respaldo documental y decisiones tomadas al filo del calendario.
Cinco mil “asistencias técnicas” que valen oro
El dato más explosivo: unos 5 mil docentes pasaron de jornadas normales a “asistencias técnicas”, elevando su salario de 34 mil a 75 mil lempiras mensuales. De 36 a 72 horas. De sueldo base a privilegio técnico. Todo, según Mejía, aplicado “a raja tabla”.
Entre los nombres mencionados figuran el diputado Edgardo Casaña y el exministro Daniel Sponda, quienes habrían sido beneficiados bajo esta figura. La pregunta no es menor: ¿hubo concurso? ¿se cumplió el procedimiento? Porque si no lo hubo, advierte la designada, habría “vicio de nulidad”.
El detalle incómodo es que la figura de asistencia técnica sí existe en el presupuesto. El problema —si se confirma la denuncia— no sería la herramienta, sino su uso selectivo y acelerado en la recta final del mandato.
Cubanos, convenios y millones mensuales
El capítulo internacional tampoco pasa desapercibido. Mejía habló de contratación de maestros y médicos cubanos, cuyos convenios aún están bajo revisión. En el caso de Salud, señaló que se erogaban seis millones de lempiras mensuales para 59 galenos, pagos canalizados a través de Inprema e Injupemp.
El debate aquí no es ideológico, sino contable: ¿cuál fue el costo-beneficio? ¿Qué dicen los convenios firmados? ¿Cuántos profesionales llegaron y bajo qué condiciones laborales? El país necesita números, no consignas.
911: cámaras nuevas, dudas viejas
Si el tema salarial genera ruido, el 911 genera alarma. Según la funcionaria, el sistema fue infiltrado por el crimen organizado y ahora será sometido a una reestructuración masiva.
La empresa que operaba el servicio habría sido cancelada de forma abrupta, se instalaron cámaras de origen chino y el personal fue removido tras revisión de perfiles. La promesa es “devolverlo a sus orígenes”. El reto es demostrar que no se trata solo de un cambio de turno, sino de una depuración real.
En un país donde una llamada al 911 puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, cualquier señal de infiltración no es anécdota: es emergencia nacional.
Archivos que desaparecen y pagos congelados
Otro señalamiento delicado: la supuesta desaparición de documentación en varias secretarías de Estado. Sin expedientes, sin respaldos, sin soporte para pagos a proveedores, medicamentos o préstamos.
La nueva administración asegura que ha tenido que pedir a empresas que presenten documentos originales y copias certificadas para poder procesar desembolsos. Si esto es cierto, no solo hay desorden: hay un problema de gobernabilidad inmediata.
Y el salón de belleza…
La frase que incendió redes no fue técnica ni presupuestaria. Fue simbólica. Según Mejía, en Casa Presidencial “todo estaba vacío” excepto un moderno salón de belleza supuestamente acondicionado para la exmandataria.
En medio de denuncias por finanzas deterioradas y oficinas sin archivos, la imagen es potente: instituciones sin papeles, pero con espejo iluminado.
¿Y el Ministerio Público?
La designada fue clara: le gustaría un Ministerio Público actuando de oficio. Sin embargo, deslizó que el partido del Fiscal General estaría “chispeado” en estos casos. Traducido: no espera movimientos inmediatos.
Aquí la pelota ya no está en la cancha del Ejecutivo, sino en la del sistema de justicia. Porque una denuncia sin investigación es solo ruido político. Y una acusación sin pruebas es dinamita sin mecha.
Honduras entra en una etapa donde cada cifra denunciada deberá sostenerse con documentos, auditorías y resultados. Si hubo abusos, deben probarse. Si no los hubo, también debe demostrarse.
El país no necesita más espectáculos; necesita certezas. Porque entre salarios duplicados, convenios opacos y sistemas de emergencia infiltrados, lo que está en juego no es una narrativa política… es la credibilidad del Estado.
