Reactivar la economía sin apagar derechos: la advertencia del CNA
Cuando una ley promete “reactivación” y “desarrollo humano”, el discurso suena irresistible. Pero detrás de los nombres optimistas también caben advertencias técnicas. Y esta vez, la alerta vino del Consejo Nacional Anticorrupción.
En medio del debate en el Congreso Nacional sobre la llamada Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, el CNA pidió frenar y revisar con lupa. No cuestiona la facultad del Estado para reorganizarse ni racionalizar el gasto público. Lo que cuestiona es el costo jurídico que podría pagarse si la eficiencia se impone sobre las garantías constitucionales.
El punto más sensible: las reducciones forzosas de personal. El proyecto autoriza despidos que incluirían empleados por contrato y por acuerdo de nombramiento. Aunque contempla indemnizaciones, también limitaría acciones judiciales y suspendería mecanismos de control establecidos en la legislación vigente.
El CNA advierte que esa combinación podría dejar a empleados públicos sin herramientas reales para impugnar decisiones administrativas. Sin revisión efectiva, el derecho a la tutela judicial podría convertirse en una formalidad vacía.
La preocupación no termina ahí.
El proyecto también otorgaría al Poder Ejecutivo facultades para anular o rescindir actos administrativos previos —contratos, resoluciones, licencias— bajo criterios que, según el organismo, podrían ser amplios o discrecionales. Sin parámetros claros ni controles jurisdiccionales robustos, la línea entre corrección de ilegalidades y arbitrariedad se vuelve difusa.
El CNA recuerda que la depuración institucional debe hacerse mediante los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. Saltarse pasos no acelera la justicia; la debilita.
Otro punto crítico es la posible suspensión de disposiciones de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que podría afectar la continuidad de responsabilidades procesales del Estado en caso de cierre o supresión de instituciones.
En términos prácticos: si el Estado se reorganiza, no puede reorganizar también su responsabilidad.
El llamado final del CNA es directo: que en el tercer debate legislativo se delimiten claramente las facultades extraordinarias, se respete el debido proceso y se garantice el acceso efectivo a la justicia.
Porque reactivar la economía no debería significar suspender derechos.
