La investigación en torno al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, dio un nuevo paso este viernes luego de que el Ministerio Público (MP) solicitara diligencias prejudiciales para analizar material audiovisual que circula en redes sociales y que podría estar vinculado con denuncias presentadas por periodistas.
El portavoz de la institución, Yuri Mora, informó que la Fiscalía pidió formalmente el nombramiento de un perito especializado encargado de realizar la descarga, preservación y análisis técnico de varios videos difundidos en plataformas digitales, considerados piezas clave dentro del proceso investigativo.
Según explicó Mora, el objetivo de esta diligencia es determinar si el contenido de dichos videos guarda relación con las denuncias interpuestas contra el exjerarca militar durante el período en que se desempeñaba como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas.
Denuncia de periodista
Entre los hechos que detonaron la investigación figura una denuncia presentada por el periodista Dagoberto Rodríguez, quien acusa a Hernández de supuestos delitos de agresión, amenazas e injurias por publicidad.
El conflicto se originó tras la circulación de una portada atribuida a las Fuerzas Armadas, en la que varios comunicadores fueron señalados con el calificativo de “sicarios de la comunicación”, una expresión que generó fuertes reacciones dentro del gremio periodístico.
Posibles delitos bajo investigación
El Ministerio Público indicó que el análisis del material audiovisual forma parte de una serie de diligencias destinadas a establecer si existen elementos suficientes para deducir responsabilidades por amenazas y coacción contra periodistas.
Las autoridades explicaron que el peritaje permitirá verificar la autenticidad del material, identificar su origen y determinar si existe relación directa entre las publicaciones difundidas y las denuncias presentadas.
Con el avance de estas diligencias técnicas, la Fiscalía busca reunir evidencia que permita esclarecer los hechos y decidir si procede o no la presentación de acciones legales en los tribunales.
Mientras tanto, el caso mantiene la atención pública debido a las implicaciones que podría tener en materia de libertad de prensa y relación entre las Fuerzas Armadas y el gremio periodístico en el país.
